El lío ya se está montado y solo queda esperar para ver hacia qué lugar cae la balanza. Europa ha comenzado a mirar con lupa las actuaciones de Facebook en relación a su actividad con WhatsApp, aplicación de mensajería de la que es propietaria, y que en las últimas semanas ha comenzado a importar datos e información personal. Algunas de las principales agencias de protección de datos europeas, entre las que se encuentra la española, ya han iniciado las pertinentes investigaciones para analizar pormenorizadamente si la transferencia de información personal realizadas entre ambos servicios digitales vulneran la normativa vigente. Los reguladores no se atreven a anticipar por ahora la cuantía de una posible sanción. Una semana después de que entraran en vigor las nuevas condiciones de uso de la aplicación WhatsApp, que anuncia a la transferencia de datos personales hacia Facebook, la Agencia Española de Protección de Datos ha confirmado que examinará los tratamientos que esta comunicación genera para dirimir si las actuaciones «respetan la legislación española de protección de datos», así como determinar, en su caso, las responsabilidades correspondientes. Pocas empresas se encuentran en disposición de invertir 15.000 millones de euros en la compra de una aplicación móvil. Pero cuando eso se produjo, en 2014, pocos entendían el movimiento económico realizado por el gigante de internet Facebook. A muchos incluso les pareció un locura. Pero otros tantos vislumbraron pronto el quid de la cuestión. Había un objetivo claro desde el principio: hacerse con los datos de millones y millones de usuarios, personas con nombres y apellidos, su lista de contactos, los números de teléfono de hasta aquellos usuarios quienes no están registrados en la plataforma. Y todo para potenciar su estrategia publicitaria y profundizar aún más en el conocimiento de sus perfiles. Una mina de oro que las personas ceden gratuitamente. En teoría se trata de un cambio destinado a mejorar el servicio, al menos eso argumenta la compañía norteamericana. Pero «mejorar» también equivale a garantizarse el futuro de su negocio publicitario, que en último trimestre le han permitido ganar la friolera suma de 3.200 millones de euros. La liebre se levantó a finales de agosto cuando, después de cuatro años, WhatsApp decidió cambiar los términos de uso de la plataforma para permitir, entre otras cosas, la transferencia de información y datos personales a su empresa matriz. Esta modificación, explicaba entonces la compañía en un comunicado, forma parte de sus planes para probar alternativas de comunicación entre usuarios y comercios en los próximos meses. La compañía de mensajería dio entonces un plazo de un mes para aceptar los términos de uso de la «app», pero cumplido el plazo, los usuarios que no dieron a «aceptar» al formulario corren el riesgo de ver prohibida la entrada. WhatsApp instaba a sus usuarios a aceptar sus nuevas condiciones sin dejarles más opción en caso de que quisieran seguir utilizando el sistema, una situación que los expertos en derecho en internet consultados por ABC aseguran que no es el procedimiento más aceptable. «Todo son dudas, porque estamos en un momento curioso; se ha aprobado el reglamento europeo pero no se va a aplicar hasta el 25 de mayo de 2018», asegura Borja Adsuara, profesor y abogado experto en derecho en internet, quien considera que pese a la entrada en vigor de la normativa (aprobada este mismo año) no será hasta entonces cuando se aplique el régimen sancionador. En su opinión, la aplicación WhatsApp, en el momento en el que decidió cambiar sus políticas de uso, debió contar con el «consentimiento expreso» del propio usuario, pero lo que hizo la compañía fue considerar que si el usuario no había mostrado su discrepancia al respecto, automáticamente entendía que eran aceptadas las cláusulas por defecto, es decir, de manera tácita. «Lo que sí pueden hacer es decir que la nueva política es esta y quien no quiere debe dejar de usarlo, pero en temas de protección de datos es que se debe solicitar el consentimiento expreso y no actuar mis datos sin que yo haya contestado. Es necesaria una contestación». Los gigantes de internet, a menudo, y por no decir siempre, acuden a una narrativa y un estilo jurídico ambiguo a la hora de presentar de las condiciones de uso de sus servicios, muchos de ellos, plataformas que forman parte de la vida diaria de muchas personas. «El problema es que hay un vicio importante de base ya en inicio, que es cómo consientes tú la cesión de tus datos», asegura a este diario Sergio Carrasco, abogado especializado en derecho tecnológico en Fase Consulting, quien asegura: «El consentimiento tiene que ser expreso y no se debe marcar por defecto, eso está totalmente prohibido». En opinión de Enrique Dans, profesor de IE Business School, la transferencia de información entre ambas plataformas se ajusta a la normativa si está planteado con el nivel adecuado de información para el usuario, pero cree que tratar de plantear políticas ultraprotectoras a nivel nacional o europeo «es tremendista y absurdo». «Que WhatsApp se haya convertido en la herramienta por defecto de media Europa no impide que Facebook, que es la legítima propietaria de WhatsApp, pueda tomar la decisión de anunciar un cambio en sus políticas de privacidad y compartir los datos que la app genera con el resto de los productos de su cartera, siempre que lo haga proporcionando la información adecuadamente y ofreciendo alternativas configurables para quien prefiera optar a que esa compartición no tenga lugar». Facebook, por su parte, ha salido al paso para defender que las comunicaciones digitales entre la red social y la aplicación móvil se ajustan a la normativa vigente. «Nosotros cumplimos con la ley de protección de datos y vamos a trabajar con el organismo español en un esfuerzo para responder a sus preguntas y resolver cualquier preocupación», señalan a ABC fuentes de la compañía norteamericana.
Fuente: ABC Tecnología
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