Desde etiquetas especiales hasta multas de 50 millones de euros: así quieren luchar los gobiernos europeos contra las noticias falsas

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La preocupación por las ‘fake news’ y sus consecuencias están motivando una escalada de respuestas variadas en distintos países a lo largo de Europa, especialmente ante la cercanía de procesos electorales. Ya ninguno de los líderes de los países más importantes de la UE es ajeno a la trascendencia de la desinformación y estas son las medidas con las que pretenden combatirla.

Alemania exige rapidez a las plataformas para retirar contenido

Desde el 1 de enero los grandes agentes de internet están sometidos a la NetzDG, la normativa que obliga a plataformas con más de dos millones de usuarios en el país a retirar contenidos que pudieran ser constitutivos de delitos en menos de 24 horas desde la recepción de la denuncia por parte de un usuario. Si no lo hicieran podrían ser multadas con hasta 50 millones de euros, y eso es lo que explica por ejemplo que Facebook haya incorporado unos 1.000 moderadores más solo para revisar contenido en Alemania.

Esa ley ha creado un debate interno en torno a la libertad de expresión y el papel censor que se atribuye con ella a redes sociales y buscadores, ya que solo contempla el concurso de un juez en situaciones en las que no esas empresas no estén de acuerdo en retirar el contenido. El proceso ha quedado fijado como una vía administrativa coordinada desde el Ministerio de Justicia.

En términos reales, una regulación de este tipo podría suponer un control del Gobierno respecto a las informaciones que se pueden difundir en internet en momentos clave como procesos electorales, según apunta Efrén Santos, socio-abogado de ICEF Consultores. Para Frank Uberall, presidente de la asociación alemana de periodistas, "la ley NetzDG viola la fundamental libertad de expresión”.

Reino Unido lanza un equipo de respuesta rápida

La primera ministra May lleva varias semanas escuchando consejos sobre la necesidad de endurecer su postura frente a las grandes plataformas de internet, especialmente desde que se investiga el papel de Rusia en la promoción del voto favorable al Brexit con noticias falsas.

Esas advertencias han desembocado en la creación a principios de año de un grupo de respuesta rápida para evitar la proliferación de contenidos falsos, bajo el nombre formal de Unidad de Comunicaciones de Seguridad Nacional.

Un portavoz de May indicó al respecto que “vivimos en una era de noticias falsas y narrativas que compiten" y aludió a que ese organismo combatirá la desinformación que se difunda desde dentro y desde fuera, pero no ofreció más detalles sobre su funcionamiento.

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Italia pide a sus ciudadanos que denuncien a la policía

El 4 de marzo los italianos están llamados a votar en unas nuevas elecciones generales, con el trasfondo de una compleja e inestable situación política. Ante ese escenario, el Gobierno ha pedido a la gente que denuncie en un portal específico las posibles noticias falsas que se encuentre en internet y que puedan afectar a ese proceso.

Polizia Postale, la unidad que se encarga en Italia de luchar contra el cibercrimen, será la encargada de revisar todo lo que llegue y comprobar su veracidad. El anuncio generó incertidumbre entre periodistas que ya están haciendo esa labor, como Giovanni Zagni, especialmente en torno a la vaga definición de ‘noticia falsa’ con la que en principio parece trabajar ese equipo.

Unos días después de que se conociera esta iniciativa, Facebook incorporó a Italia a la nómina de países en los que periodistas y organismos colaboradores pueden comprobar y marcar noticias falsas para hacerlo notar a los usuarios. Esta iniciativa ya está en marcha en EEUU, Francia, Alemania y Holanda, lugares en los que precisamente la desinformación formó parte del debate previo o posterior a unas elecciones presidenciales.

Francia legislará contra las noticias falsas

Emmanuel Macron anunció con el estreno del año que impulsaría una ley contra la difusión de ‘fake news’ durante periodos electorales “para proteger la democracia”. El texto final debería estar listo antes de la conclusión del primer trimestre y curiosamente no será el primero que haga referencia a esas circunstancias, ya que la ley de prensa francesa de 1881 contempla multas de hasta 45.000 euros por la difusión de noticias falsas.

El propio primer ministro fue protagonista de varias de estas informaciones durante las elecciones que le llevaron al Elíseo, que le hacían titular de fondos en el paraíso fiscal de Bahamas o aludían a su supuesta condición de homosexual. Macron acusó directamente a Rusia de intentar interferir en las elecciones con estas prácticas.

Las reacciones son de momento cautas, a la espera de ver en qué se sustancia la normativa. Le Monde hablaba en su editorial al respecto de “un objetivo loable que puede toparse con una realidad compleja”. Por su parte, Christophe Deloire, secretario general de Reporteros sin Fronteras, decía a la agencia AP que “no estamos en contra del principio de una ley contra las noticias falsas. La cuestión es conseguir redactarla sin arriesgar la libertad para revelar cosas”.

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Irlanda sopesa multar con años de cárcel a los difusores de 'fake news’

Fianna Fáil, el partido que lidera la oposición en el parlamento irlandés, ha elevado la propuesta de legislar con dureza contra la difusión de noticias falsas. En concreto, su proyecto habla de multas desde 500 hasta 10.000 euros de multa y cinco años de prisión por actividades como el uso de ‘bots’ para influir en el debate político.

“No deberíamos ser ingenuos pensando que Irlanda no se verá afectada por el nuevo escenario de guerra híbrida de información que se está librando en las redes sociales”, declaró el diputado James Lawless al Irish Independent. Este parlamentario se ha encargado de redactar la propuesta como portavoz del área de tecnología de Fianna Fáil.

Tal y como está presentada, esta ley afectaría a cualquier web con más de 10.000 usuarios únicos al mes y considera ‘bot’ a cualquiera que tenga más de 25 cuentas en redes sociales que funcionen de forma automatizada. Y entre otras cosas ha nacido al calor del debate sobre la influencia de la desinformación en la victoria del Brexit en el vecino Reino Unido, cuyas consecuencias generan incertidumbre en Irlanda.

España introduce las noticias falsas en la estrategia de seguridad nacional

El Gobierno de Rajoy alertó hace algunas semanas de la posible injerencia de hackers rusos en las elecciones catalanas, a través de presuntas granjas de ‘bots’ que tenían el objetivo de elevar al conocimiento público noticias impostadas.

Desde entonces, las propuestas han sido variadas: se habló de “etiquetar” las informaciones con un sello de garantía del Ejecutivo, de “desmentidos rápidos” o de citar a los editores a la Comisión de Defensa para abordar el problema. Y se han encontrado críticas por parte de la Federación de Asociaciones de Periodistas, que rechaza cualquier intento de control informativo por parte de cualquier organismo público.

En España el fenómeno de las noticias falsas o cuando menos poco rigurosas ha ido encontrando acomodo en algunas publicaciones. En la mayor parte de esos casos hay más intención económica que política.

Ya a nivel europeo, a mediados de enero comenzó a trabajar un grupo de expertos de alto nivel para estudiar formas de combatir la desinformación. La idea es vertebrar una estrategia común que permita dotar a todos los países miembros de recursos para afrontar este problema. Dos españoles forman parte de ese colectivo: Clara Jiménez, cofundadora de Maldito Bulo y Ricardo Gutiérrez, secretario general de la Federación Europea de Periodistas.

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