Por qué tras una semana ni policía ni justicia española borran los datos de la víctima de La Manada de la web ni de la deep web

Policia

El jueves 26 de abril tuvo lugar la lectura de la sentencia del juicio a 'La Manada'. Unos días después, los enjaulados en su propia mediocridad comenzaron a atacar insultando a la víctima de 'La Manada' en foros y webs, tratando de contagiar la creencia de que no es una víctima, sino la culpable de que cinco jóvenes "inocentes" vayan a pasar nueve años en la cárcel. Esto culminó con la publicación de sus datos personales: nombre y apellidos, centro en el que estudia, fecha de nacimiento, fotos y vídeos personales...

Junto a ellos, todo tipo de insultos y ofensas muy graves. En algunos sitios, como Forocoches y Burbuja.info -hoy denunciados junto a otros medios e investigados por estas publicaciones-, sus administradores eliminaron dichos datos actuando de motu proprio, sin esperar a un requerimiento legal. En cambio, hubo dos medios que lo publicaron por iniciativa y con el consentimiento de sus propietarios. A estos dos medios -uno de carácter generalista local, otro de apología del nazismo-, los llamaremos A y B para evitar derivarles tráfico y visibilidad.

"Dificultades técnicas"

manada

El medio A publicó estos datos junto a una columna hostil e insultante hacia la víctima el 5 de mayo. Posteriormente eliminó sus fotos y las publicó de nuevo con una banda negra sobre sus ojos. El medio B, el que nos ocupa, publicó en la misma fecha los datos, además de una apología del machismo y la violencia de género que fácilmente podría incurrir en el artículo 510 del Código Penal.

Lo sorprendente es que mientras que la mayoría de webs que contenían estos datos han eliminado sus contenidos delictivos, el medio B sigue abierto al público, con los mismos datos personales de la víctima. Ocho días tras la publicación y subiendo.

Desde Xataka pusimos en conocimiento de la policía la existencia de esta página en el momento de descubrirla. ¿Por qué todavía no ha sido clausurado este medio? Una fuente de la investigación judicial que no quiere ser citada nos explica que sí hay una orden judicial para el cierre, pero que aún no ha podido ser ejecutada:

"Un juzgado de instrucción de la Delegación de Madrid está llevando el caso. Se está procediendo al cierre de páginas con estos contenidos, pero hay problemas técnicos con determinadas páginas por un tema de servidores internacionales. Ya se sabe que son ellos y el caso está judicializado, pero aún no se ha podido cerrar la página por dificultades técnicas".

David Maeztu, abogado especializado en nuevas tecnologías de la consultora Abanlex, nos explica que con una orden judicial, en las webs alojadas en España, se envía un requerimiento para que deje de prestar el servicio a dicha web. Cuando la web está alojada en servidores extranjeros, como es este caso, la otra opción es enviar el requerimiento a las telecos para que se bloquee el dominio.

Con las webs alojadas en el extranjero se suele recurrir a bloqueos a través de los ISP. Ninguno de los actores de la investigación han podido decirnos por qué en este caso no.

Hemos contactado con el Departamento de Comunicación de Orange para saber si han recibido algún requerimiento para bloquear el dominio de este medio B. "Si esta web sigue activa es porque no se ha recibido ese requerimiento, el departamento de Seguridad, que es el que lleva estos casos, ejecuta estos bloqueos de forma inmediata en cuanto se recibe una orden judicial, como pasó con las webs del referéndum del 1 de octubre en Catalunya". Añaden que no pueden proporcionar información sobre estos requerimientos por cuestión de confidencialidad.

¿Por qué en este caso no se ha pedido un bloqueo al dominio de ese medio B a nivel de telecos, si dicha web -la Policía tiene conocimiento de ella- lleva ocho días abierta sin problemas? Ni policía, ni Fiscalía, ni Ministerio de Justicia ni el abogado de la víctima tienen una respuesta, en algunos casos esgrimiendo la confidencialidad de la investigación en curso. Carlos Sánchez Almeida, abogado del Bufet Almeida, nos da una teoría sobre el estado de la investigación:

"Normalmente los bloqueos de IP son solicitados por los investigadores policiales en el atestado. A partir de ahí, el Juez debe solicitar su opinión al Ministerio Fiscal, dado que todo bloqueo de web es una medida cautelar restrictiva de derechos fundamentales. Una vez emitido el informe por el Fiscal, el Juez debe dictar un auto ordenando el bloqueo. En algún punto de la cadena el tema está paralizado, es obvio".

Medidas anti-bloqueos

El medio B ha tomado varias medidas de seguridad para evitar o dificultar bloqueos y que se descubra la identidad de sus creadores. A través del WhoIs de la web vemos que su dominio está registrado con un proveedor estadounidense y su hosting está en China. Los mails de contacto de sus redactores son de ProtonMail y piden donaciones a través de Bitcoin o Monero.

Si acabase llegando el bloqueo de la página a nivel de operadora sería relativamente fácil saltárselo

Hay que añadir que es sencillo saltarse el bloqueo de una web a nivel de operadora. Basta con usar un VPN o el navegador Tor. En algunos casos, aunque no siempre, también es posible usando DNS alternativas, como las de Google o las de Cloudflare, así como accediendo a la web usando https en lugar de http.

En el caso de la deep web -el medio B presume en su portada de que la versión de la web alojada en ella nunca será cerrada-, las dificultades técnicas para bloquear el acceso son aún mayores. Basta un ejemplo: AlphaBay y Hansa fueron dos de los mercados de mercancía ilícita más importantes, y existieron durante varios años -cuatro en el caso del primero- llegando a tener este 350.000 artículos listados, 200.000 miembros y 40.000 vendedores.

No fue hasta el pasado verano, con el trabajo conjunto de varios cuerpos de policía internacionales y el FBI, así como del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, cuando pudieron clausurar estas dos páginas. Hubo que localizar y confiscar servidores en Alemania, Holanda y Lituania. Para un caso que compete a un solo país y en el que los recursos policiales no son los mismos que en los del caso anterior, el cierre de estas páginas se complica demasiado.