La Comisión Europea propone multar a las plataformas online si los contenidos extremistas no son borrados en menos de una hora

La Comisión Europea ha propuesto una nueva medida: multar a todas las compañías de Internet que no eliminen contenido extremista de su plataforma en menos de una hora. En marzo ya se planteó algo similar sobre la mesa con las grandes marcas digitales sin legislación de por medio, con tal de que demostrasen que estaban haciendo todo lo posible por eliminar dichos contenidos. Los reguladores europeos afirman que sin legislación que obligue a ello, se hace muy poco.

Esta propuesta afectaría a todas las compañías con presencia online, accesibles desde la Unión Europea y con espacio para mensajes públicos de sus usuarios. Reuters pone de ejemplo a Facebook, Twitter y Google, pero en la práctica muchísimas más empresas pueden verse afectadas, empezando por los medios de comunicación con comentarios abiertos para los usuarios.

Una hora de plazo y disponibilidad absoluta

Imagen: Pixabay

Hasta ahora no se conocía si esta medida tendría exenciones o reglas distintas en función del tamaño de las empresas responsables de cada plataforma, pero la nueva propuesta no discrimina por tamaño, así que no importaría si un comentario extremista aparece de madrugada en un periódico local con dos empleados: estará obligado a eliminarlo en menos de una hora. Incluso los blogs personales, visto el borrador, estarían afectados por esta medida.

El reloj empezaría a contar desde el requerimiento de las autoridades, en la práctica habría que estar permanentemente conectado y disponible para evitar sanciones

El tiempo estipulado de una hora empezaría a contar a partir del requerimiento de las autoridades, que será impugnable. Los contenidos a eliminar serían los que defiendan delitos extremistas, inciten a ellos o promuevan grupos terroristas.

"Una hora es el marco temporal decisivo para que se produzcan los mayores daños", dijo Jean-Claude Juncker en el Parlamento Europeo. Esta propuesta necesitará del apoyo de los 28 países miembros, quienes deberían ser capaces de identificar esos contenidos extremistas, y definir sanciones y procesos de apelación

También acabaría necesitando de nuevas medidas por parte de las compañías afectadas, que tendrían que redoblar esfuerzos en detección de contenidos de este tipo de forma automática y en supervisión humana de los mismos.

Empresas como Google (propietaria de YouTube), Facebook o Twitter pueden desarrollar y habilitar herramientas de inteligencia artificial que aligeren la actividad humana necesaria para revisar la gran cantidad de contenido que se genera en sus plataformas, no así medios de comunicación y plataformas menores. Como indica Julia Reda, miembro del Parlamento Europea a través del Partido Pirata alemán, esto obligaría a tener a alguien con disponibilidad absoluta para la vigilancia y borrado de estos contenidos.

You have a website with a comment section that’s reachable in the EU? Congratulations, the @EU_Commission proposes you have to be available 24/7 to remove terrorist content.
— Julia Reda (@Senficon) 12 de septiembre de 2018

Multas con topes mucho mayores que los vistos hasta ahora

Margrhete Vestager, Comisaria de Competencia de la Comisión Europea. Imagen: Friends of Europe.

¿Qué ocurriría con las empresas que no cumplan sistemáticamente con esta medida? Multas de hasta el 4% de sus ingresos anuales. Por comparar, la Unión Europea puede poner, por ley, multas de como máximo el 1% de los ingresos anuales a las empresas que proporcionen información correcta o engañosa. Una multa así le cayó a Facebook en 2017 por haber engañado a los reguladores con la compra de WhatsApp, y el montante total apenas supuso el 0,61% de su facturación.

Estas compañías tendrán que emitir informes anuales de transparencia en los que informen de qué medidas y esfuerzos están tomando para hacer frente a estos contenidos extremistas, constitutivos de delitos de odio. En los próximos meses veremos si sale adelante con el apoyo de los gobiernos nacionales de la Unión Europea, o al menos, si finalmente se permiten exenciones en función del tamaño de cada empresa.

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