Polémica por las irregularidades del proyecto de adopción masiva del reconocimiento facial en los aeropuertos de EE.UU

Hace dos años, el presidente Trump emitió una orden ejecutiva para acelerar la implantación de una serie de medidas ya aprobadas previamente durante el mandato de Obama, relativas a la instalación de sistemas de verificación biométrica en los 20 principales aeropuertos de los Estados Unidos.

La tecnología, que lleva en uso desde que en 2016 se puso en marcha el proyecto piloto, ya ha sido probada en en el aeropuerto de Atlanta, para varios de los vuelos realizados en este tiempo a Tokyo y a Ciudad de México. Y, a día de hoy, son ya 17 aeropuertos los que participan en el proyecto.

El objetivo a cumplir es que dentro de dos años, el 100% de todos los pasajeros de vuelos internacionales, incluyendo a ciudadanos estadounidenses, sean sometidos a reconocimiento facial. Una medida que, sin embargo, ha puesto en guardia a los defensores de la privacidad.

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Así, la ONG Electronic Privacy Information Center hizo llegar esta semana al medio estadounidense BuzzFeed 346 páginas de documentos internos del Servicio de Aduanas de EE.UU (el CBP) en el que, desde su punto de vista, queda clara la ausencia de garantías legales y técnicas en el procedimiento que se está llevando a cabo para cumplir con la orden ejecutiva.

Según el EPIC, los documentos dejan claro que el CBR retendrá durante 14 días las fotos de los no estadounidenses, y en ellos se llega incluso a afirmar de manera explícita que no existían límites al modo en que las aerolíneas asociadas al proyecto pudieran usar luego los datos de reconocimiento facial.

No al menos hasta el pasado mes de diciembre, cuando el CBP decidió bruscamente introducir limitaciones... unas limitaciones que no están del todo claras ni se sabe si han entrado en vigor.

Un portavoz del CBP consultado por BuzzFeed tan sólo ha explicado que el sistema de reconocimiento facial se integra en el proceso de embarque de los aeropuertos y compañías áreas, lo que supone "no tener que construir todo desde cero".

Los documentos también dan a entender que el CBP se ha saltado varios pasos relevantes del proceso legal de reglamentación, puesto que la adopción de tecnologías destinadas a un uso masivo sobre la población exigiría abrir un proceso de consulta pública dirigido a la sociedad civil.

Jeramie Scott, director del Proyecto de Vigilancia doméstica de EPIC, afirmó en una entrevista concedida a BuzzFeed que

"Es importante saber lo que supone someter a reconocimiento facial [en los aeropuertos] a los ciudadanos de nuestro país. Significa que el gobierno, sin consultar al público, sin contar con el permiso del Congreso, y careciendo del consentimiento de persona alguna, está usando [esta tecnología] para crear una identificación digital de millones de estadounidenses".

Un problema tecnológico y legal

Los que critican estos usos del reconocimiento facial señalan que los avances realizados en el campo de la inteligencia artificial, así como la proliferación de cámaras está permitiendo a las autoridades vigilar de forma cada vez más intensiva y sencilla a la población.

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Jonathan Turley, profesor de la Universidad de Washington, explica que hasta ahora "la mayor protección de nuestra privacidad siempre había radicado en un cierto déficit tecnológico: el gobierno, sencillamente, no podía mantener a muchos de nosotros bajo vigilancia al mismo tiempo. Ahora sí puede, la tecnología está aquí, y presenta un problema real".

Sin ir más lejos, el pasado mes de diciembre, Microsoft realizó un llamamiento para solicitar que este año empezaran a aprobar legislación para obligar a que el uso de las tecnologías de reconocimiento facial esté limitado por supervisión independiente, con el objetivo de proteger los derechos individuales, evitar sesgos injustos y garantizar la precisión de la tecnología.

Quizá una legislación clara, amplia y con consenso suficiente tarde aún un tiempo en llegar, pero al menos el plan de reconocimiento facial que nos ocupa podría experimentar cambios en breve gracias a los legisladores.

Concretamente, gracias a dos de ellos, el senador demócrata Ed Markey y su homólogo republicano Mike Lee, que tras la publicación de la información liberada por EPIC, han pedido (en una dura carta dirigida al Departamento de Seguridad Nacional) la paralización temporal del programa hasta que se establezca una reglamentación adecuada de la protección de la privacidad:

"Los viajeros estadounidenses [deben] entender de forma exacta y completa quién tiene acceso a sus datos de reconocimiento facial, el tiempo que permanecerán dichos datos en manos y cómo pueden evitar participar en dicho programa".

Vía | Newsweek & BuzzFeed News

Imagen | Delta News Hub