Barcelona lanzará en 2023 la "tasa Amazon": así quiere acabar con la barra libre de entregas del comercio online

No se centra en Amazon, pero el gigante del e-commerce será con toda probabilidad una de las empresas que más la padezca. De ahí que haya tomado su nombre. El Ayuntamiento de Barcelona ha decidido empezar a cobrar a principios de 2023 —en marzo, para ser precios— la “tasa Amazon”, un gravamen con el que pretende que el reparto a domicilio de mercancías compradas online, una actividad que ha ido ganando fuerza con los años en las ciudades, en gran medida tras el impulso que experimentó el comercio digital con la pandemia, deje un beneficio en la urbe.

La filosofía de la nueva tasa es clara: el trasiego de furgonetas y camiones de reparto del e-commerce tiene un impacto en el día a día de las ciudades, así que la capital catalana quiere que la propia ciudad pueda verse resarcida de alguna forma. ¿Cómo? Vía gravamen público. Con la medida se fiscaliza el “uso especial del espacio público” y, de paso —reivindica el teniente de alcalde, Jaume Colloni— se pretende ayudar al comercio de proximidad. Ayer mismo desde el Consistorio incidían en que era "un gran día" para los comerciantes locales que se ven obligados a abonar otros tributos por su actividad local, como el uso de la acera, la basura o el impuesto de actividad económica.

“Persigue un cambio de hábitos hacia el comercio de proximidad igualando condiciones con el e-commerce y para que cada vez más vayamos a puntos de recogida y evitemos tener la ciudad llena de vehículos de reparto ocupando el espacio público y provocando congestión y polución”, subraya Collboni en declaraciones recogidas por El País. En términos similares se ha pronunciado Ada Colau, que recalca que “el modelo Amazon es insostenible” tanto a nivel social como ecológico.

Un paso pionero

“Las grandes compañías de comercio electrónico llenan las ciudades de coches, congestionando las calles, contaminando el aire y poniendo en riesgo el comercio local […]. Su modelo se sustenta en el trabajo mayoritariamente precario y, a menudo, ni siquiera pagan impuestos donde operan”, incidía la alcaldesa de Barcelona en El Nacional.cat. La tasa —que tiene un carácter “pionero”, reivindica Collboni— ha sido adelante con el impulso del gobierno de coalición y el apoyo de ERC.

¿Cómo se trasladará de la teoría a la práctica?

Gravando el uso especial, para mercadeo, del espacio público. Eso sí, con unas condiciones especiales que centran el foco en las grandes compañías de reparto de e-commerce, como DHL, UPS, Seur, MRW, Correos Express y, por supuesto, Amazon. Para empezar la tasa no se aplicará a todas las compañías: se centrará en operadores postales de entrega a domicilio con un elevado volumen de facturación, de más de un millón de euros al año por entregas en la ciudad.

Los paquetes deben trasladarse además a los propios domicilios, no cuando las mercancías se depositan en puntos de recogida. La formulación busca dejar fuera a los propios consumidores, las entregas entre negocios y también los pequeños repartidores autónomos.

Un dels meus compromisos és avui una realitat:

🚛Presentem la taxa per gravar l’ús especial de l’espai públic que fan els grans operadors postals per a la distribució del comerç electrònic.

Es tracta d’una iniciativa pionera, que servirà per ajudar el comerç de proximitat 🛒 pic.twitter.com/RXuRFYWf5i

— Jaume Collboni (@jaumecollboni) December 2, 2022

Para dar forma a la tasa sus impulsores han analizado durante años el escenario, tanto por impacto como a nivel legal y también han tirado de calculadora. El resultado es un tipo impositivo del 1,25% de la facturación anual. Para llegar a esa decisión el Consistorio ha valorado varios factores.

La recaudación máxima se cifra en cerca de 2,6 millones de euros, un valor que se ha calculado teniendo en cuenta la ocupación de 8.300 plazas de aparcamiento y la facturación que registran los grandes operadores. Solo en Barcelona habría casi una treintena que facturan más de un millón de euros. Una pequeña porción, de apenas cinco, acapararían más del 60% de la cuota de mercado con un considerable volumen de ingresos, precisa El País, que supera los 200 millones de euros.

Las autoridades barcelonesas no son las únicas que se han propuesta cobrar por la actividad. El propio Gobierno central trabaja en un nuevo impuesto para las entregas de paquetería a domicilio.

Imagen de portada: Tony Webster (Flickr)

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Fuente: Xataka
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